Familia · Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta
Voto CERA bajo sospecha judicial: por qué el Supremo mantiene la suspensión y qué falta por demostrar
El Supremo cuestiona la interpretación administrativa de la ley de nietos y reprocha que no se acreditara la revisión de los expedientes. Analizamos sus motivos, la corrección de las cifras, el alcance de la suspensión y el voto particular que advierte del daño irreversible de impedir el sufragio.

Una decisión que afecta al derecho de voto y a la confianza en el censo
La suspensión cautelar de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes —CERA— plantea una cuestión de primera magnitud: hasta dónde puede llegar un tribunal para prevenir irregularidades electorales cuando las personas afectadas conservan la nacionalidad española y todavía no se ha resuelto definitivamente la legalidad de las actuaciones cuestionadas. El asunto exige examinar los argumentos del Supremo con precisión, sin convertir una medida provisional en una declaración de fraude ni reducirla a una decisión carente de motivación. La mayoría de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo identifica un riesgo para la correcta formación del censo. Lo relaciona con la interpretación administrativa de la llamada ley de nietos, el volumen de nuevas inscripciones y la falta de información suficiente para distinguir los expedientes que cumplen las condiciones exigidas por sus autos. Su respuesta ha sido mantener la suspensión. La magistrada discrepante considera, en cambio, que esa respuesta puede privar irreversiblemente del voto a ciudadanos cuya condición jurídica sigue siendo eficaz. [1–3] Los recursos 1013/2026 y 1015/2026 fueron promovidos, respectivamente, por Iustitia Europa y Vox contra el Acuerdo 204/2026, de 16 de julio, de la Junta Electoral Central. El objeto formal es ese acuerdo de la Administración electoral. No estamos ante una sentencia penal que declare una trama de manipulación del sufragio ni ante un procedimiento que haya anulado individualmente todas las nacionalidades afectadas. El 10 de septiembre de 2026 se dictaron dos autos de medidas cautelares, uno en cada recurso. El 12 de octubre, otros dos autos desestimaron los recursos de reposición de la Abogacía del Estado y confirmaron las medidas. Las partes dispositivas de estos últimos se publicaron en el BOE el 15 de octubre. Los números 1013/2026 y 1015/2026 identifican los procedimientos, no el número de las resoluciones. Este análisis se apoya especialmente en los fundamentos del auto de 12 de octubre del recurso 1013/2026 y en el auto de 10 de septiembre del recurso 1015/2026. [1–4]
El origen del conflicto: una ley y una instrucción con alcances discutidos
El primer inciso de la disposición adicional octava.1 de la Ley 20/2022 contempla a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles que, como consecuencia del exilio por las causas previstas en la norma, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. La relación entre ascendencia, exilio y pérdida o renuncia es parte central de la controversia. La disposición contiene también otros supuestos, por lo que no todas las adquisiciones conocidas como ley de nietos deben tratarse como una categoría idéntica. La Instrucción de 25 de octubre de 2022 interpreta aquel primer párrafo distinguiendo dos supuestos: el de los descendientes de españoles originarios y el de los descendientes de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad a consecuencia del exilio. Además, establece una presunción de exilio para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa presunción exige acreditar la salida: no significa que se conceda la nacionalidad sin aportar documentación alguna. La mayoría del Supremo aprecia provisionalmente una posible discordancia entre la instrucción y la ley. Lo jurídicamente grave, desde esa perspectiva, sería que una interpretación administrativa ampliara un supuesto legal y que sus efectos se proyectaran sobre el censo. Pero el tribunal reserva el juicio definitivo de legalidad para el proceso principal. Presentar la instrucción como ya anulada por estos autos sería incorrecto. [1–2, 5–6]
Por qué el crecimiento del CERA preocupa a la Sala
El auto de septiembre concede relevancia al aumento de los inscritos y a la continuación de nuevas altas. La mayoría conecta esa magnitud con la posible incidencia en las circunscripciones electorales y con el riesgo de que una sentencia favorable a los recurrentes resulte ineficaz si entretanto se celebran elecciones con un censo que posteriormente se considere irregular. Ese razonamiento responde al peligro por la demora del proceso, conocido como periculum in mora. No exige que el daño ya se haya consumado, pero sí una justificación suficiente del riesgo que se pretende evitar. La Sala considera que concurre y da prioridad a la exactitud, objetividad y transparencia del censo. Ahora bien, el crecimiento de un registro no equivale por sí mismo a la existencia de fraude. Es necesario examinar de dónde procede ese crecimiento, qué inscripciones se cuestionan y por qué. Tampoco el número de inscritos coincide con el de votos efectivamente emitidos. La controversia consiste precisamente en determinar si los elementos utilizados por la mayoría bastan para justificar una restricción tan intensa. [2] En el fundamento segundo del auto de octubre, la Sala reconoce la diferencia entre las cifras consideradas inicialmente y las que aportó la Abogacía del Estado al recurrir. Explica que los datos iniciales procedían de la parte recurrente y reprocha que la representación estatal no los rebatiera ni aportara su información en la vista del 7 de septiembre. Este reconocimiento impide presentar todas las cifras difundidas durante el procedimiento como una única medición indiscutida. Para el censo cerrado a 1 de agosto de 2026, el auto cita 163.020 electores vinculados a la vía legal examinada. Esa cifra delimita un colectivo potencialmente afectado; no acredita 163.020 nacionalidades falsas ni 163.020 inscripciones declaradas ilegales. La propia necesidad de revisar y distinguir expedientes revela que la situación individual de los interesados no se había esclarecido en su totalidad. La mayoría sostiene que el riesgo persiste aunque las cifras disminuyan. La lectura rigurosa debe conservar ambas afirmaciones: hubo corrección de la base cuantitativa y, pese a ello, la Sala mantuvo su valoración cautelar. [1]
El reproche más severo de octubre: un mes sin acreditar el desglose de expedientes
El fundamento cuarto del auto de 12 de octubre contiene uno de los motivos más concretos de la confirmación de las medidas. La Sala había ordenado distinguir las inscripciones vinculadas a la aplicación directa de los supuestos legales de exilio de las derivadas de los criterios interpretativos y de la presunción establecidos en la instrucción. Considera que la documentación recibida no permitió conocer cuántos expedientes se habían revisado ni cuántos se habían clasificado conforme a esa orden. El tribunal describe el nivel de cumplimiento como «inexistente o, al menos, desconocido». La precisión de la segunda parte importa: el reproche no permite afirmar sin matices que ninguna actuación administrativa se hubiera realizado. Lo que la Sala constata es que no se acreditó ante ella el grado de ejecución ni se aportaron los datos necesarios para valorarlo. La Administración alegó la complejidad de la revisión, la concentración de expedientes en determinadas oficinas consulares y la insuficiencia de medios. Para la mayoría, esas dificultades no justificaban levantar la cautela cuando seguía sin demostrarse el cumplimiento de lo ordenado. La falta de información y de seguimiento documental aparece así como una razón central para mantener la suspensión. No constituye, por sí sola, una declaración de responsabilidad penal ni una prueba de ocultación deliberada. [1] Otra cuestión examinada es cómo se determina el municipio de inscripción electoral de quienes residen en el extranjero. Su relevancia resulta comprensible: la adscripción territorial forma parte de la correcta configuración del censo y requiere criterios verificables. El auto de septiembre analiza las solicitudes de información y de instrucciones que ya había acordado la Junta Electoral Central. En ese punto, la Sala considera razonables y suficientes, a efectos cautelares, las actuaciones de la Junta, aunque exige que se concreten plazos breves para los informes y la instrucción pendientes. No declara probado un reparto estratégico de electores entre provincias para beneficiar a un partido. En octubre, además, deja constancia de la remisión de una instrucción del INE sobre el municipio de inscripción y no atribuye a la JEC la responsabilidad por la situación de ejecución que critica. Confundir un requerimiento de control con la constatación de una manipulación territorial transforma el contenido de las resoluciones. Los autos permiten explicar qué información se exigió; no autorizan a dar por acreditada una operación electoral que no describen como probada. [1–2]
La lógica jurídica de la suspensión: prevenir que la sentencia llegue tarde
Los artículos 129 y 130 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa permiten adoptar medidas destinadas a asegurar la efectividad de la sentencia. Exigen valorar de forma circunstanciada los intereses en conflicto y examinar si la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pueden hacer perder al recurso su finalidad legítima. También obligan a considerar las perturbaciones graves que la medida pueda causar a los intereses generales o de terceros. La mayoría entiende que la corrección del censo debe preservarse antes de que el riesgo se proyecte sobre unas elecciones. Añade una apreciación provisional favorable a la solidez jurídica de la impugnación, denominada apariencia de buen derecho. No se trata de una sentencia definitiva sobre el fondo ni de una doctrina que permita suspender automáticamente cualquier inscripción discutida. Hay, además, una controversia procesal: hasta dónde puede extenderse la cautela cuando se recurre un acuerdo de la JEC y las medidas afectan a situaciones derivadas de otras actuaciones administrativas. La mayoría aprecia una conexión suficiente para asegurar la eficacia del proceso. La posición discrepante considera que la extensión excede la función instrumental de las medidas cautelares. [1–2, 7]
El voto particular: excluir a un elector también puede causar un daño irreversible
La magistrada María Alicia Millán Herrandis discrepa de la confirmación de la suspensión. Su objeción no consiste en restar importancia al control del censo. Sostiene que la integridad electoral también exige evitar la exclusión de quienes conservan una situación jurídica eficaz que les permite votar. El adelanto electoral cambia, a su juicio, la naturaleza del perjuicio. Cuando ya existe una convocatoria concreta, impedir el sufragio no es una limitación que pueda repararse íntegramente más adelante. Si la demanda termina desestimándose, una sentencia favorable al ciudadano no le devolverá la posibilidad de participar en unas elecciones ya celebradas. También cuestiona que la suspensión alcance inicialmente a personas que podrían cumplir los requisitos legales y que su exclusión de la medida dependa de una certificación posterior. La dificultad para identificar a todos los afectados no resuelve por sí sola el juicio de proporcionalidad. Advierte, asimismo, de los problemas de coordinación entre consulados, Oficina del Censo Electoral y órganos de escrutinio. Este voto no modifica la decisión de la mayoría, pero muestra por qué la controversia constitucional es sustantiva. [1] La parte dispositiva se refiere a quienes adquirieron la nacionalidad por el primer inciso del apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Mantiene suspendidas las nuevas inscripciones incluidas en ese ámbito y los efectos electorales de las ya practicadas para las elecciones generales convocadas. No suspende todo el voto exterior ni todas las modalidades de adquisición de nacionalidad previstas en la ley. La excepción requiere una certificación de los encargados de los Registros Consulares, bajo su responsabilidad, que acredite las condiciones exigidas por el auto a fecha 1 de agosto de 2026, sin aplicar la presunción de exilio discutida. Deben comprobarse la ascendencia, el exilio por las causas previstas y la pérdida o renuncia de la nacionalidad en los términos de la resolución. No basta una referencia genérica a un abuelo español o a una historia familiar de emigración. Los autos permiten también la personación de los interesados con abogado y procurador y la formulación de alegaciones. Personarse no levanta automáticamente la suspensión ni sustituye el certificado. Las resoluciones no anulan las nacionalidades concedidas. Para cualquier actuación individual deben verificarse el expediente, la vía concreta de adquisición y las resoluciones o comunicaciones posteriores. [3–4]
La cuestión ha llegado al Tribunal Constitucional
El Defensor del Pueblo anunció oficialmente el 16 de octubre de 2026 la interposición de un recurso de amparo con solicitud de medidas cautelarísimas para permitir el ejercicio del sufragio de las personas afectadas. La petición incorpora una nueva vía de control de la suspensión, pero su presentación no equivale a que el Tribunal Constitucional haya estimado el recurso o levantado las medidas. Este artículo se publica el 19 de octubre de 2026 y analiza las razones de los autos del Supremo. La situación puede cambiar mediante nuevas resoluciones. La información oficial comprobada sobre la iniciativa del Defensor del Pueblo es la presentación del amparo y su solicitud urgente; no se atribuye aquí al Constitucional una decisión no verificada. [8] La lectura conjunta permite una conclusión precisa: el Supremo ha apreciado indicios y dudas jurídicas que considera suficientes para prevenir un riesgo electoral, y ha reprochado la falta de acreditación de las comprobaciones ordenadas. No ha dictado una sentencia que pruebe un fraude organizado, que anule en bloque las nacionalidades o que identifique todos los expedientes como ilegales. Desde una valoración jurídica crítica, el control del censo y la protección del sufragio deben examinarse conjuntamente. Es razonable exigir que la Administración documente sus actuaciones y cumpla las resoluciones judiciales. La cuestión más difícil es si la insuficiencia de esa respuesta permite trasladar a un colectivo de ciudadanos la suspensión de un derecho fundamental antes de aclarar individualmente su situación. La fuerza de la posición mayoritaria reside en su finalidad preventiva: evitar que un eventual defecto del censo produzca consecuencias electorales que después no puedan corregirse. Su punto más discutido es la amplitud de la restricción y el perjuicio que puede ocasionar a electores legítimos. La respuesta definitiva exige resolver la legalidad debatida y justificar, mientras tanto, por qué cada medida es necesaria, adecuada y proporcionada. Esa es la controversia que contienen los autos, y no una prueba judicial ya concluida de un supuesto fraude. [1–2, 7]
Fuentes y documentos consultados
[1] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta, auto de 12 de octubre de 2026, pieza de medidas cautelares del recurso 1013/2026; ponente Antonio Narváez Rodríguez. Copia íntegra de consulta, con voto particular, alojada como documento judicial por el blog de Diego Gómez Fernández: https://9589404b-b5d8-4691-b792-08c067ee7991.usrfiles.com/ugd/958940_47ae40e9216e438582e398aaf5ade895.pdf . Se identifica su procedencia y no se presenta como copia auténtica obtenida de la sede judicial. [2] Auto de 10 de septiembre de 2026, recurso 1015/2026, Sala Tercera, Sección Cuarta. Texto judicial reproducido por vLex: https://vlex.es/vid/ats-10-septiembre-2026-1133986684 . [3] BOE: parte dispositiva del auto de 12 de octubre, recurso 1013/2026, publicada el 15 de octubre: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-21447 . [4] BOE: parte dispositiva del auto de 12 de octubre, recurso 1015/2026: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-21448 . [5] Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, disposición adicional octava: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099 . [6] Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17470 . [7] Ley 29/1998, de 13 de julio, arts. 129–132: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718 . Constitución española, art. 23: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 . [8] Defensor del Pueblo, comunicación oficial de 16 de octubre de 2026: https://www.defensordelpueblo.es/noticias/suspension-del-derecho-al-voto-a-personas-nacionalizadas-por-la-ley-de-memoria-democratica/ . Lectura complementaria en BuenaLex sobre el alcance de las medidas y los trámites de los afectados: https://buenalex.es/noticias/ley-nietos-supremo-voto-cera-autos-octubre-2026/ .
La resolución y sus fuentes
- Órgano
- Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta
- Sentencia
- Autos cautelares de 10 de septiembre y 12 de octubre de 2026; análisis conjunto · 12 de octubre de 2026
- Recurso
- Recursos 1013/2026 y 1015/2026; análisis de fundamentos y voto particular
- Régimen analizado
- Análisis a 19 de octubre de 2026. Autos de septiembre confirmados el 12 de octubre; efectos sobre elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre y censo cerrado a 1 de agosto. Amparo del Defensor del Pueblo anunciado oficialmente el 16 de octubre; su presentación no suspende por sí sola las medidas.
- Fuente consultada
- Copias y reproducciones íntegras de textos judiciales de consulta; partes dispositivas contrastadas en el BOE
Análisis complementario de los motivos cautelares, no sentencia de fondo ni declaración de fraude electoral probado. Ámbito limitado al primer inciso de la DA octava.1 de la Ley 20/2022, con excepción consular. Las copias de consulta no se presentan como copias auténticas. Se distingue la posición mayoritaria del voto particular. No se fija vencimiento individual ni se afirma que el TC haya levantado la suspensión. Categoría editorial Familia por el catálogo disponible; materia jurídica contencioso-administrativa, electoral y nacionalidad.
Información general. La aplicación a un asunto concreto requiere revisar sus hechos, documentos y régimen jurídico.
Consultar el servicio de Familia en BuenaLex ↗