Segunda Oportunidad · Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5.ª
Una sanción tributaria muy grave impide la exoneración en Sevilla: por qué la Audiencia desestimó el recurso
La sentencia 222/2026 confirma la denegación de la Segunda Oportunidad. La Audiencia diferencia las infracciones graves de las muy graves y recuerda que la apelación no permite rehacer la defensa planteada en primera instancia.

Qué decidió la Audiencia Provincial de Sevilla
La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, en su sentencia 222/2026, de 13 de abril, desestima el recurso de una deudora y confirma que no procede concederle la exoneración del pasivo insatisfecho. También le impone las costas de la apelación. La resolución procede de un incidente de oposición promovido por la Agencia Tributaria ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Sevilla. El resultado no se explica simplemente por la existencia de una deuda con Hacienda. La controversia se centra en una sanción tributaria calificada administrativamente como muy grave y en la forma en que la deudora articuló su defensa. La Audiencia ofrece dos razones diferenciadas para desestimar el recurso: una procesal y otra relativa a los requisitos de acceso a la exoneración.
De dónde venía el conflicto
La Agencia Tributaria se opuso a la solicitud de exoneración porque se había dictado una resolución sancionadora por una infracción muy grave. En primera instancia, la deudora sostuvo que la deuda había prescrito. El juzgado rechazó la solicitud de exoneración mediante sentencia de 19 de julio de 2024. En apelación, la defensa cambió de enfoque: alegó que la infracción era grave y que la deuda ascendía a 821,31 euros, por debajo del 50 % de los 10.000 euros que invocaba como cuantía susceptible de exoneración frente a la Agencia Tributaria. Estas cifras forman parte del argumento de la recurrente. La sentencia no acepta por ello que la infracción fuera grave ni convierte ese cálculo en una regla general sobre el crédito público.
Primera razón: la apelación no abre un juicio nuevo
La Sala considera novedoso el planteamiento introducido en segunda instancia. Explica que el objeto del litigio queda fijado por los escritos de alegaciones y que el recurso de apelación permite revisar lo discutido, pero no introducir una controversia distinta que la contraparte no pudo combatir y probar en el juzgado. La Audiencia conecta esta conclusión con los artículos 286 y 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con la prohibición de alterar el objeto del proceso. En su razonamiento, aceptar esa nueva defensa habría privado a la Agencia Tributaria de una oportunidad efectiva para formular alegaciones y proponer prueba sobre ella. La enseñanza procesal exige un matiz: la sentencia rechaza este cambio concreto de planteamiento. No significa que cualquier argumento jurídico adicional esté prohibido en apelación ni elimina las excepciones legales para hechos nuevos o de nueva noticia. La preparación del incidente inicial debe permitir discutir desde el principio la firmeza, la naturaleza y el alcance de la sanción.
Segunda razón: grave y muy grave son categorías distintas
La Sala añade que, incluso dejando a un lado el obstáculo procesal, el argumento tampoco prosperaría. La regla cuantitativa que invoca la deudora corresponde a las infracciones graves. El acuerdo administrativo aportado al incidente calificaba la infracción del caso como muy grave. El artículo 487.1.2.º TRLC contempla una causa de exclusión para determinadas sanciones administrativas firmes impuestas dentro de los diez años anteriores a la solicitud, con la salvedad legal del pago íntegro de la responsabilidad en la fecha de presentación. Para las infracciones graves establece, además, un criterio cuantitativo específico. La Audiencia rechaza trasladar ese criterio a las muy graves. Por tanto, la reducida cuantía alegada no bastó para superar el impedimento. La Sala mantiene la calificación administrativa que consta en el expediente y confirma la denegación. Su razonamiento no autoriza a prescindir de las condiciones temporales, la firmeza o la excepción de pago previstas en el propio artículo.
Qué no resuelve esta sentencia
La resolución no declara que todas las deudas públicas sean inexonerables ni estudia, como cuestión central, cuánto crédito público puede cancelarse. Distingue una cuestión previa: si la persona puede acceder a la exoneración. Los límites sobre las deudas concretas operan en un plano diferente. Tampoco desarrolla un examen autónomo de la prescripción inicialmente invocada. No debe atribuirse al fallo una doctrina general sobre cuándo prescriben las sanciones o sus efectos concursales. Asimismo, la motivación no contiene una confrontación expresa con las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026: esta lectura no permite anunciar por sí sola una discrepancia jurisprudencial ni trasladar sin análisis los criterios sobre derivaciones de responsabilidad a las sanciones muy graves.
Qué documentación conviene revisar antes de solicitar la EPI
La consecuencia práctica es revisar el expediente sancionador completo antes de presentar la solicitud: resolución, calificación de la infracción, notificación, firmeza, fechas y acreditación de pagos. Debe distinguirse el importe de la sanción del resto de la deuda y comprobarse si existen recursos o procedimientos todavía abiertos. La defensa no puede descansar únicamente en que la cantidad pendiente sea pequeña. Si se discute la calificación, el plazo legal o la extinción de la responsabilidad, deben identificarse la base jurídica, la prueba y el cauce adecuado desde el comienzo. La incertidumbre debe explicarse al cliente antes de asumir que obtendrá la cancelación de sus deudas.
Fallo, identificación y lectura de la resolución
La Audiencia confirma íntegramente la sentencia recurrida e impone las costas de apelación a la deudora. No se ha aportado acreditación de firmeza posterior. La copia contiene un pie de recursos con referencias de distintos regímenes procesales; no se utiliza aquí para indicar un recurso o calcular un plazo vigente. SAP Sevilla, Sección 5.ª, 222/2026, de 13 de abril; recurso 956/2024; ponente José Herrera Tagua; ROJ SAP SE 1375/2026; ECLI:ES:APSE:2026:1375; Id. CENDOJ 41091370052026100244. Texto íntegro oficial: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d56e949bfcaf90c3a0a8778d75e36f0d/20260622 Normativa: artículo 487 TRLC y artículos 286 y 412 LEC. Comentario basado en la lectura completa de la copia aportada, referido al 16 de octubre de 2026.
La resolución y sus fuentes
- Órgano
- Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5.ª
- Sentencia
- 222/2026 · 13 de abril de 2026
- Recurso
- 956/2024
- ECLI
- ECLI:ES:APSE:2026:1375
- Régimen analizado
- Aplica el régimen de exoneración del TRLC reformado por la Ley 16/2022. Sentencia de instancia de 19 de julio de 2024. No extrapolar al régimen anterior ni a cualquier sanción administrativa.
- Fuente consultada
- Copia judicial íntegra CENDOJ aportada por el usuario; identificación contrastada en el buscador oficial
No consta firmeza. La cuantía de 821,31 euros y la calificación como grave son alegaciones de la recurrente, no hechos aceptados por la Sala. No se declara que toda deuda tributaria impida la EPI. No se analiza autónomamente la prescripción ni se acredita contradicción con el Tribunal Supremo. El pie de recursos mezcla referencias de distintos regímenes y no debe usarse como guía procesal actual.
Información general. La aplicación a un asunto concreto requiere revisar sus hechos, documentos y régimen jurídico.
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