Familia · Tribunal Supremo · Sala Primera de lo Civil

Custodia compartida: el Supremo limita a dos años más el uso de la vivienda y mantiene los alimentos

El Supremo reduce el uso de una vivienda privativa que se había atribuido hasta 2038, pero mantiene 300 euros mensuales de alimentos. La custodia compartida exige valorar por separado vivienda, necesidades de los hijos y recursos de los progenitores.

Dos niños jugando con bloques dentro de una casa. Ilustración fotográfica creada con IA; no representa a los menores del procedimiento.
Ilustración editorial creada con IA. No representa el caso judicial.

Una vivienda atribuida hasta 2038

El Tribunal Supremo ha reducido a dos años más el uso de una vivienda familiar que la Audiencia Provincial de Huelva había atribuido a la madre hasta el 30 de noviembre de 2038. La STS 1522/2026, de 29 de septiembre, resuelve el conflicto de una pareja de hecho con dos hijos y custodia compartida por semanas. La vivienda pertenecía exclusivamente al padre, que pagaba su hipoteca. El uso a favor de la madre procedía de unas medidas provisionales de junio de 2022. La primera sentencia lo había extendido hasta la independencia económica de los hijos. La Audiencia fijó después su final tres años después de que el menor alcanzara la mayoría de edad, tomando en consideración su discapacidad. El Supremo considera desproporcionado el resultado: más de dieciséis años desde aquellas medidas provisionales.

Los dos años no son una regla para todas las familias

En la custodia compartida, ambos progenitores necesitan un alojamiento adecuado para convivir con sus hijos. El Supremo rechaza trasladar automáticamente la regla del artículo 96.1 del Código Civil prevista para la custodia exclusiva. Deben valorarse el interés más necesitado de protección, la titularidad de la vivienda y las circunstancias que permiten sostener la convivencia alterna. La Sala atribuye a la madre y a los hijos el uso durante dos años desde la fecha de su sentencia: el 29 de septiembre de 2026. El plazo no se cuenta desde la notificación ni desde la publicación de esta noticia. No es un máximo general para todas las familias: la duración debe justificarse en cada caso.

La discapacidad debe relacionarse con las necesidades de vivienda

Uno de los hijos tenía reconocida una discapacidad del 36 % y dependencia moderada de grado I. El Tribunal no niega sus necesidades de apoyo. Examina los informes médicos y escolares y concluye que, con los datos disponibles, no estaba justificada una prolongación adicional del uso de esa vivienda concreta por razón de la discapacidad. Entre los factores que deben ponderarse figuran las limitaciones reales, la adaptación del inmueble, la proximidad a centros de atención y los recursos de los progenitores. Un porcentaje de discapacidad no sustituye esa valoración. En otro supuesto, acreditar que un cambio de vivienda compromete los apoyos del hijo puede justificar una solución distinta.

Se mantienen 300 euros de alimentos y los extraordinarios al 60/40

El padre solicitaba eliminar la pensión de alimentos y repartir los gastos extraordinarios por mitades. El Supremo rechaza ambas peticiones: mantiene 300 euros mensuales en total, 150 euros por hijo, y el reparto de extraordinarios del 60 % a cargo del padre y del 40 % a cargo de la madre. La Audiencia había fijado ingresos mensuales de 4.938,33 euros para el padre y 1.237,51 euros para la madre, incluida una ayuda de dependencia. La igualdad de tiempos de convivencia no borra la diferencia económica. La prestación debe atender a las necesidades de los hijos y a los medios de los progenitores, conforme al principio de proporcionalidad del artículo 146 del Código Civil.

La prueba económica también decidió el recurso

El padre defendía en casación unas cifras distintas de las asumidas por la Audiencia. No había formulado, sin embargo, un motivo que denunciara adecuadamente un error patente o una valoración irracional de la prueba. El Supremo mantuvo la base económica fijada en apelación. La consecuencia práctica es clara: nóminas, impuestos, hipotecas y demás cargas deben acreditarse y discutirse con precisión en las instancias correspondientes. La casación no permite sustituir libremente los hechos establecidos por una versión diferente de quien recurre.

Qué significa para otras familias

La resolución reitera criterios jurisprudenciales: uso temporal y motivado de la vivienda en custodia compartida, atención concreta a la discapacidad y compatibilidad entre custodia compartida y alimentos cuando existen recursos desiguales. No concede al propietario la recuperación inmediata de la casa ni modifica automáticamente las medidas de otros procedimientos. Antes de reclamar deben estudiarse las resoluciones vigentes, las alternativas reales de alojamiento, la titularidad y las cargas del inmueble, la capacidad económica y las necesidades de los hijos. Son esas circunstancias, debidamente acreditadas, las que permiten defender la duración del uso y la contribución a los alimentos.

La resolución y sus fuentes

Órgano
Tribunal Supremo · Sala Primera de lo Civil
Sentencia
1522/2026 · 29 de septiembre de 2026
Recurso
8474/2025
ECLI
ECLI:ES:TS:2026:4027
Régimen analizado
Artículo 96 CC tras la Ley 8/2021. Procedimiento de medidas paternofiliales iniciado en 2022; sentencia de 29 de septiembre de 2026. No establece un plazo general ni altera automáticamente medidas firmes de otros asuntos.
Fuente consultada
Texto judicial íntegro aportado en PDF con formato CENDOJ, 13 páginas. Id. CENDOJ 28079110012026101533. Identificación contrastada con ICAM y una reseña jurídica independiente.
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Los dos años se fijan para este caso desde el 29 de septiembre de 2026; no son un plazo universal. La discapacidad exige valorar las necesidades concretas de vivienda. La sentencia no modifica por sí sola medidas de otros procesos. Copia CENDOJ aportada por el usuario y leída íntegramente; no se presenta como copia auténtica.

Información general. La aplicación a un asunto concreto requiere revisar sus hechos, documentos y régimen jurídico.

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